No podemos evitar tener una total desconfianza hacia los partidos políticos. De hecho, el modelo de representación parlamentaria sobre el que cimentan su actividad es radicalmente contrario a nuestros principios libertarios. No obstante, pese a la desconfianza en las palabras de cualquier político, hemos creído conveniente hacer llegar, a todo el que tenga interés por ello, el comunicado que IU de Leganés nos remitió el pasado lunes a propósito de la ahora “presunta privatización” de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals, a la que aludimos en nuestro boletín:
En Izquierda Unida de Leganés hemos leído con atención vuestro artículo y opinamos que, quizá, falta algún que otro elemento para que la ciudadanía pueda forjarse su propia idea sobre lo que denunciáis en vuestra noticia.
Toda vez que creemos necesario contrastar la información que desde cualquier medio se difunde y en aras de que cada uno, libremente, pueda reflexionar sobre esta situación, lo mejor es conocer lo hechos y que luego se labren las propias conclusiones.
Hasta el año 1996, todo el profesorado de la Escuela de Música era municipal, a partir de esa fecha y debido a la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, parte de ese profesorado pasa a depender de la Asociación Músico Cultural “Pablo Casals”, con quien el Ayuntamiento suscribe un convenio, permaneciendo la otra parte del mismo como municipal.
Así bien, a partir de ese curso, por las razones explicadas, que cada cual debe considerar en su justa medida, hay un grupo de profesores que dejan de ser municipales, pero no de trabajar en la Escuela de Música. Por tanto, como puede comprobarse, actualmente no se está privatizando nada, pues, resulta imposible privatizar algo que desde hace más de 15 años no es municipal.
A lo largo de esos años, el Ayuntamiento de Leganés ha mantenido un convenio de colaboración, incluida la concesión de la subvención correspondiente (506.264,96 € durante el 2010), con la Asociación Músico Cultural “Pablo Casals”, para el mantenimiento de esa otra parte del profesorado no municipal. El último convenio se celebró el 25 de enero de 2007, con la anterior Corporación Municipal, y se extendía por 4 años, hasta el 31 de diciembre de 2010.
A la vista de la finalización del Convenio el 31 de diciembre, desde la Delegación de Cultura se inician los trámites para garantizar ese servicio de apoyo docente a los profesores municipales. Tras consultar a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, la Secretaría General y la Intervención informan que, tras la entrada en vigor de la nueva Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, una vez concluido el Convenio vigente, no existe posibilidad legal que no pase por establecer un concurso público que facilite la libre concurrencia para la prestación de dicho servicio, indicando la ilegalidad de prorrogar el convenio existente hasta la fecha.
Por tanto, de los hechos puede colegirse que la actuación del Ayuntamiento se ha realizado, en todo momento, dentro de la más estricta legalidad, que esta ha sido la voluntad del Ayuntamiento, quien, de la mano del propio Concejal de Cultura, ha anunciado su voluntad de hacer que este servicio sea ofrecido íntegramente por personal municipal. Algo que se ha puesto encima de la mesa para su debate con los sindicatos.
Resulta sorprendente, cuanto menos, que un sindicato como CCOO, en un comunicado emitido el 5 de noviembre de 2010 reconozca la utilización del caso de la Escuela de Música “por unos y por otros”, solicite “al equipo de gobierno la municipalización de la parte de este servicio que a día de hoy está privatizado” y admita que entorno a la Escuela de Música se hayan dado “los más dispares intereses personales, políticos y sindicales”.
Quizá esto ayude a entender la posición de cada uno y saber qué es lo que realmente se está defendiendo, si los intereses personales y electoralistas o el interés general y la prestación de un servicio con todas las garantías legales y de calidad.
Ahora, que cada uno se forje su propia opinión.
Dicho esto, nos reafirmamos en la crítica a todos los partidos políticos, que de forma voluntaria, o simplemente atrapados en el juego parlamentario, participan de forma directa o indirecta en la gestión neoliberal de las instituciones públicas.
Ahora sí, que cada uno se forje su propia opinión.